¿Qué es el derecho comunitario de la Unión Europea?
El derecho de la Unión Europea, también denominado derecho comunitario, es el conjunto de normas y principios jurídicos que determinan el funcionamiento, corporación y competencias de la Unión Europea.
¿Cuáles son las principales normas reguladoras del Derecho Comunitario?
En primer lugar, la Constitución Española contempla la posibilidad de que España pueda celebrar tratados internacionales y adherirse a organizaciones supranacionales y/o internacionales.
La principal organización supranacional de la que España forma parte es la Unión Europea, y desde su entrada en 1986, nuestro sistema legal ha ampliado y modificado su normativa. De hecho, las dos ocasiones en las que la CE ha sufrido reformas, ha sido a consecuencia de pertenecer a la UE.
Además, la Unión tiene sus propias normas y principios las cuales se aplican, por lo general, en todos los estados miembros.
¿Qué tipos de normas forman el Derecho de la Unión Europea?
-Directivas-> normas que dicta la UE para todos los Estados miembros, que cada uno adapta a su propio ordenamiento.
-Reglamentos-> a diferencia de las Directivas, se tienen que aplicar directamente (desde su aprobación) por todos los miembros de la UE de manera total. Son “actos legislativos vinculantes” tal y como se describe en la web de la Unión.
– Decisiones-> normas vinculantes para sus destinatarios, ya sean empresas o países miembros, quienes deberán aplicarlas de manera directa.
-Recomendaciones-> dictadas por la Comisión. No son vinculantes pues solo sugieren medidas o maneras de actuación que, de no llevarse a cabo, no se sancionará por ello.
-Dictámenes-> al igual que las Recomendaciones, tampoco son vinculantes. Dan a conocer la opinión de las instituciones emisoras sobre un tema.
-Jurisprudencia del TJUE-> las decisiones de los Jueces y Magistrados comunitarios tienen como misión controlar la correcta aplicación y el cumplimiento del Derecho de la UE, buscando que todos los Estados Miembros interpreten de manera uniforme dicha normativa.
-Otros instrumentos tales como: acuerdos internacionales de los que la Unión es parte, los convenios entre los Estados miembros, las resoluciones, declaraciones, conclusiones y comunicaciones interpretativas de la Comisión, los instrumentos PESC (Política Exterior de Seguridad Común, artículos 13-15 del TUE) y JAI (Justicia y Asuntos de Interior, artículo 34 del TUE), y las directrices o programas marco plurianuales.
¿Cómo se relacionan el Derecho Comunitario con el Derecho Español?
Fundamentalmente, hay que hablar de 4 principios del Derecho de la UE que cohesionan los distintos ordenamientos jurídicos con su homónimo comunitario. Aclaramos que se podrían clasificar de otras maneras, pero la más básica es la que os dejamos a continuación:
a) Principio de efecto directo las normas de la UE crean directamente derechos u obligaciones que los ciudadanos de cualquier país de la Unión pueden invocar ante sus tribunales; sin necesidad de que el precepto en cuestión esté presente en su legislación nacional. Se puede hablar de efecto directo vertical (relaciones individuos-Estados) y de efecto directo horizontal (relaciones entre individuos de los Estados miembros). Es necesario que las obligaciones sean precisas, claras e incondicionales.
b) Principio de primacía en caso de conflicto normativo entre las normas de la UE y el derecho de un Estado miembro, prevalecen las comunitarias. Esto es significativo dado que, un Estado miembro, tendrá que modificar su ordenamiento, incluida la constitución si fuera necesario para que se adapte a lo exigido por la Unión.
c) Principio de confianza legítima este principio está formado a su vez por otros principios jurídicos tales como el principio de control difuso de la adecuación de las leyes nacionales al Derecho Comunitario Europeo, el principio de equivalencia o el principio de efectividad entre otros. Todos ellos se enfocan en la idea de que exista seguridad jurídica entre las normas de la Unión Europea y las nacionales de cada uno de los Estados miembros. Ello se consigue articulando las normas procesales de un Estado como España con un enfoque que integre el Derecho de la UE sin que se contradigan ni supongan una traba el uno para el otro o que los Jueces no inapliquen una norma comunitaria por considerarla contraria a una ley nacional.
d) Principio de responsabilidad del Estado por violación del Derecho Comunitario fundamentalmente, se puede definir este principio en que, cuando los Estados miembros no cumplen con las normas imperativas (es decir, las que son de obligado cumplimiento) tal y como se estipula en los Tratados de la Unión y demás normativa, deberán hacer frente a sanciones tales como multas. También deberán indemnizar a los particulares que hubieren resultado afectados a causa del incumplimiento o violación del Derecho de la Unión.
¿Cómo me afecta a mí como ciudadano de un Estado miembro de la UE que mi país pertenezca a ella?
Si piensas que la Unión Europea no tiene la más mínima importancia y trascendencia en tu día a día estás muy equivocado. Para empezar, el dinero de curso legal que poseemos en la actualidad en la mayoría de los Estados miembros, como es el caso de España, es una consecuencia de pertenecer a la UE.
Y sin ir más lejos, gracias a ser ciudadanos de la UE nos ahorramos una cantidad considerable de dinero cada vez que viajamos a otros Estados miembros, ya que no hay que pagar visados gracias a la libertad de circulación, una de las cuatro libertades principales comunitarias. Además, gracias a ser parte de esta organización, existen programas para estudiar en el extranjero, siendo el Programa ERASMUS+ el más distintivo de los de éste tipo.
Podríamos seguir hablándote de todos los ámbitos de tu vida diaria donde la Unión está presente, porque apenas hemos citado unos pocos ejemplos…
¿Puedo participar en la vida política europea como ciudadano sin cargo político?
La respuesta es sí, cualquier ciudadano puede dirigirse al Parlamento Europeo a través de una petición tanto por necesidades o cuestiones personales como asuntos que sean de interés público. El único requisito previo, por así decirlo, es que la materia sobre la que trate la petición sea competencia de la UE; pues aquí no caben los asuntos nacionales por ser de competencia de los Estados miembros por separado.
También puede dirigirse a la Comisión Europea para que legisle, es decir, que haga leyes. A esto se le llama iniciativa ciudadana europea. Para estos casos, la normativa europea exige que las peticiones sean firmadas por al menos 1 millón de ciudadanos de, como mínimo, la cuarta parte de los países miembros o, en otras palabras, 7 países.
¿Cuáles son las cuatro libertades fundamentales comunitarias?
Todas ellas se establecieron en el Tratado de Roma de 1958, aunque se han ido consolidando con el paso de los años a través de los diferentes tratados europeos, y tienen el objetivo de consolidar a la Unión Europea como mercado común en el mundo.
-Libre circulación de personas: permite que los ciudadanos de los países miembros no necesiten de pasaportes, visados ni demás permisos para ingresar en otros Estados de la UE sin más documentación que su documento de identidad.
-Libre circulación de capitales: con este fundamento, se liberaliza el mercado interior europeo, prohibiendo así las restricciones a los pagos y movimientos de capitales a través de las fronteras. Para los ciudadanos europeos nos supone el poder abrir cuentas bancarias en un estado miembro extranjero, invertir en los países con mayor rendimiento, comprar y vender acciones o participaciones de sociedades de otros países o adquirir bienes inmuebles en cualquiera de los países europeos de la Unión. Además, las empresas pueden obtener créditos en aquellos territorios de la UE donde les sea más económico así como poder invertir y llegar a adquirir otras compañías.
-Libre circulación de mercancías: dentro de la UE, se suprimen las aduanas y medidas similares entre productos de los Estados miembros. Ello fortalece el mercado interior de la Unión.
-Libre prestación de servicios dentro de la UE: incluye también la libertad de establecimiento en cualquier Estado miembro por parte de los ciudadanos de la Unión y se traduce en que las empresas y los profesionales pueden establecerse allá donde les resulte más atractivo dentro de la UE así como desplazarse por la misma.