Puede definirse el Derecho Administrativo como el sector del ordenamiento jurídico cuya finalidad es la de regular las relaciones entre los particulares/ciudadanos con la Administración Pública así como las propias entre los diferentes órganos de ésta.
¿Qué leyes regulan principalmente el Derecho Administrativo?
Las leyes básicas encargadas de regular el Derecho Administrativo y sobre las que se apoya y se basa las restante normativa son:
- La Constitución Española, la cual constituye el pilar fundamental de la organización y funcionamiento del Estado moderno. En ella se recogen los aspectos más esenciales referidos a las relaciones entre los ciudadanos y el Estado.
- La Ley 39/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, la cual regula los aspectos fundamentales y principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública.
- Ley 40/2015, del Procedimiento Administrativo Común, es el principal instrumento normativo encargado de regular los distintos aspectos del procedimiento administrativo que debe seguir siempre la Administración Pública y al que debe someterse en sus actuaciones.
- La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es la principal fuente encargada de regular el funcionamiento de los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, así como los aspectos básicos de los procedimientos seguidos ante los mismos.
¿Puede someterse la Administración Pública a otras leyes que no tengan la consideración de Derecho Administrativo?
Efectivamente, la Administración puede someterse a previsiones del derecho privado (Derecho Civil / Derecho Mercantil), en aquellas situaciones en las que no ejerce las denominadas funciones o actos de autoridad, es decir, cuando no actúa bajo la atención de los intereses directos de la ciudadanía.
¿En qué consiste la denominada autotutela de la Administración Pública?
Básicamente supone que la Administración, a diferencia de cualquier ciudadano o particular, para generar una situación jurídica particular no necesita de la intervención previa de un juez, pudiendo hacer efectivos sus derechos directamente, sin necesidad de acudir a la vía judicial. Es uno de los principales privilegios que la Constitución y el Derecho Administrativo otorgan a la Administración Pública.
¿Significa esto que las actuaciones de la Administración Pública no se someten a ningún tipo de control judicial?
Nada mas lejos de la realidad, conviene recordar que las actuaciones de la Administración deben someterse en todo momento al principio de legalidad, y por lo tanto cabe un control judicial posterior de todos aquellos actos y disposiciones emanados de la misma.